La provincia de Sevilla desaloja a muchos menos inquilinos que hace un año. Sus juzgados practicaron 79 desahucios ligados a un contrato de alquiler entre abril y junio de 2026, el último trimestre publicado, frente a 133 en los mismos meses de 2025. En el mismo tiempo, los que no nacen ni del alquiler ni de una hipoteca pasaron de 15 a 46.
Ese salto frena la caída del total, que se queda en 150 lanzamientos, un 16,2 % menos que un año antes. En el conjunto de España bajaron un 35,7 %, más del doble. Con esas cifras, los desahucios en Sevilla dejan a la provincia en el octavo puesto de España y en el tercero en los de otras causas, solo por detrás de Barcelona (254) y Valencia (74).
Los datos salen de la estadística trimestral del Consejo General del Poder Judicial sobre el efecto de la crisis en los juzgados, cerrada el 14 de octubre. El CGPJ cuenta un lanzamiento por cada inmueble que cambia de manos por orden judicial, sea o no una vivienda, e incluye la entrega voluntaria de las llaves en el juzgado. Los del alquiler corresponden sobre todo a impagos de la renta.
Casi uno de cada tres desalojos sevillanos no viene del alquiler ni de la hipoteca
Los 46 lanzamientos por otras causas suponen el 30,7 % de los de la provincia. En España ese grupo pesa un 13,2 % y en Andalucía, un 12,6 %. El CGPJ mete en él los procesos que no son de arrendamiento ni de ejecución hipotecaria, como los laudos arbitrales o los de familia, y no publica el desglose por provincias.
La mitad de los 93 desahucios de este tipo que hubo en Andalucía en el trimestre se practicaron en Sevilla. Un año antes la comunidad sumó 51, y la provincia, 15.
| Causa | 2025 | 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| Contrato de alquiler | 133 | 79 | -40,6 % |
| Ejecución hipotecaria | 31 | 25 | -19,4 % |
| Otras causas | 15 | 46 | +206,7 % |
| Total | 179 | 150 | -16,2 % |
Las demandas contra hipotecados sevillanos bajan de 456 a 256
Los desalojos por una hipoteca impagada se quedan en 25, seis menos que en la primavera de 2025. Lo que más cae es lo que viene detrás. Entre abril y junio llegaron a los juzgados de la provincia 256 demandas de ejecución hipotecaria, el proceso en el que el banco pide subastar la casa para cobrar el préstamo. Un año antes fueron 456, así que bajan un 43,9 %.
Los juicios para recuperar una vivienda ocupada sin ningún título, que van por un procedimiento verbal propio, siguen en cifras bajas. Entraron 16, frente a 18 un año antes y 15 en el invierno, y todo 2025 cerró con 64.
La primavera dispara los desahucios hasta 150 tras un invierno de 87
Entre enero y marzo hubo 87 desalojos en la provincia, así que la primavera sumó 63 más, un 72,4 % de aumento. Los de inquilinos subieron de 56 a 79 y los de otras causas, de 11 a 46.
Con los dos trimestres, la provincia lleva 237 desahucios en 2026, el 32,7 % de los 724 de todo el año pasado. Los de alquiler suman 135 en seis meses. El año pasado entero terminó con 511.
Cádiz y Granada adelantan a Sevilla en desalojos de inquilinos
Andalucía practicó 737 lanzamientos en el trimestre, un 32,4 % menos que un año antes. Cádiz encabeza la comunidad con 173, por delante de Sevilla, Granada con 123 y Málaga con 102. En los ligados al alquiler, Granada suma 91 y Cádiz, 82, los dos por encima de los 79 sevillanos. Con 8,3 desalojos por cada 100.000 habitantes, la comunidad queda por debajo de la media española de 9,1 en el mapa de los desahucios por cada 100.000 habitantes.
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Los juzgados andaluces recibieron 190 peticiones para aplazar un desahucio por especial vulnerabilidad y dejaron en suspenso 89 entre abril y junio. El CGPJ da ese dato solo por comunidades, como recoge las suspensiones de desahucios en Andalucía.
Desde el 8 de octubre rige el Real Decreto-ley 29/2026 de protección de la vivienda, que la Diputación Permanente del Congreso convalidó el 12 de noviembre. Permite al juez suspender hasta el 31 de diciembre de 2030 el desahucio de un hogar vulnerable sin alternativa habitacional, incluso con sentencia o fecha de lanzamiento, mientras no se haya ejecutado. La vulnerabilidad se acredita con un informe de los servicios sociales o con los criterios de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Cuando el pleito es por impago y la administración no ofrece una vivienda al inquilino vulnerable, tiene que pagar al casero la deuda y las costas para cerrarlo. Ese pago es la enervación extraordinaria del Real Decreto-ley 29/2026. En la provincia de Sevilla, ese informe de vulnerabilidad se pide en los servicios sociales del ayuntamiento donde se vive.
