El Boletín Oficial del Estado publica este lunes, 9 de noviembre de 2026, la Ley 4/2026 de Castilla-La Mancha, de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda y suelo. La norma permite a la Consejería competente en vivienda disponer de hasta el 80 % de las fianzas del alquiler que los caseros depositan ante la Junta y gastarlas en construir, rehabilitar o ayudar a comprar y alquilar vivienda.
La ley no es nueva para quien alquila en la región. Las Cortes de Castilla-La Mancha la aprobaron y el presidente Emiliano García-Page la firmó en Toledo el 7 de mayo de 2026. Salió en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 92 el 18 de mayo y rige desde el día siguiente, el 19 de mayo. La publicación en el BOE de este lunes es un trámite posterior que no cambia esa fecha.
El 20 % de las fianzas queda reservado para devolverlas
El artículo 1 da nueva redacción a la disposición adicional tercera de la Ley 2/2002 de viviendas de protección pública de Castilla-La Mancha. Los arrendadores siguen obligados a depositar la fianza que exige el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que en un alquiler de vivienda equivale a una mensualidad de renta y en un local o una oficina, a dos.
El depósito es gratuito y no genera intereses para nadie. La ley lo considera además un ingreso de Derecho Público de la Hacienda de Castilla-La Mancha, una calificación que la exposición de motivos presenta como la forma de usar ese dinero en políticas de vivienda.
De cada 100 euros depositados, la Consejería puede comprometer hasta 80 y tiene que guardar al menos 20 para las devoluciones a los propietarios cuando terminan los contratos. Ese porcentaje de reserva no es fijo. La propia ley deja a un reglamento la forma de depositar y devolver las fianzas, además de su control. Por esa misma vía, el Gobierno regional podrá cambiar el tanto por ciento que se guarda para devolver y ampliar o reducir la lista de personas exentas de depositar.
Obra nueva, alquiler y avales públicos, destinos del dinero de las fianzas
El gasto que se haga con cargo a las fianzas tiene que ir a alguno de estos fines, según el nuevo texto:
- Inversiones para promover, construir y rehabilitar viviendas protegidas.
- Actuaciones directas en barrios y núcleos sometidos a procesos de regeneración o renovación urbana.
- Fomento de la compra y de la promoción de vivienda de nueva construcción.
- Medidas de fomento del alquiler y del acceso a la vivienda.
- Cooperación con los ayuntamientos en obras de rehabilitación, regeneración o renovación urbana.
- Otras ayudas a la compra de vivienda, como avales y garantías públicas.
La exposición de motivos dice que la reforma refuerza las garantías de caseros e inquilinos en la devolución de la fianza y agiliza los procedimientos. El articulado concreta esa garantía en la reserva mínima del 20 % y remite el resto al futuro reglamento, que el BOE de este lunes no acompaña de ningún plazo.
Viviendas dotacionales en suelo público para rentas que no llegan al precio de mercado
El artículo 2 modifica la disposición preliminar del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, el TRLOTAU aprobado por el Decreto Legislativo 1/2023. El suelo de equipamiento público residencial pasa a definirse como el destinado a cubrir necesidades temporales de vivienda, y según la exposición de motivos su uso se abre a otros colectivos además de los vulnerables.
La vivienda dotacional pública es, con la redacción de 2026, la que se levanta sobre suelos de titularidad pública calificados como sistema general o local de equipamientos. Sobre ellos puede constituirse un derecho de superficie, una concesión administrativa u otro negocio jurídico equivalente, y el suelo sigue siendo público aunque las viviendas tengan un titular temporal.
Estas viviendas se adjudican en alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal, siempre como residencia habitual de personas cuyos ingresos no les permiten acceder a una vivienda a precio de mercado. La ley excluye los suelos dotacionales de propiedad privada y los públicos destinados a zonas verdes, plazas, viales, áreas peatonales o zonas de juego.
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Al tratarse de equipamientos públicos, a estas promociones no se les aplican las exigencias de dotaciones que el artículo 31 del TRLOTAU fija para otros usos. Los suelos de equipamiento de los municipios de Castilla-La Mancha pueden servir así para levantar viviendas de alquiler temporal, con la Ley 4/2026 en vigor desde el 19 de mayo.
