El Diario Oficial de Extremadura publica este lunes, 9 de noviembre de 2026, la corrección de errores del Decreto-ley 4/2026, la norma urbanística de la Junta para acelerar la promoción de vivienda. El cambio afecta al artículo 10, que regula la prima de edificabilidad para construir hasta un 20 % más en parcelas residenciales si todo se destina a vivienda protegida, y aclara desde cuándo cuentan los dos años para pedir la licencia.
El texto publicado el 4 de agosto de 2026 decía que ese plazo empezaba una vez transcurrido el previsto en el apartado 4 del artículo. Ese apartado no fija ningún plazo, porque recoge las obligaciones del promotor. La Presidencia de la Junta lo califica de error tipográfico y sustituye la remisión por el apartado 5, que da seis meses a los ayuntamientos para decidir si aplican o no la medida en su término municipal.
El reloj de los dos años arranca cuando acaba el plazo de los ayuntamientos
El decreto-ley entró en vigor el 5 de agosto de 2026, al día siguiente de su publicación. Los seis meses que tienen los plenos municipales terminan, según el cómputo de Infobiliaria, a comienzos de febrero de 2027. Desde ese momento corren los dos años para presentar las solicitudes de licencia que incluyan la prima de edificabilidad, de modo que la ventana llega hasta principios de febrero de 2029.
El consejero con competencias en vivienda puede ampliar ese plazo, de forma motivada, por un máximo de otros dos años. El propio artículo deja a un reglamento de la Junta la lista de circunstancias que pueden justificar esa prórroga.
La corrección solo toca esa remisión. El resto del artículo 10, con sus porcentajes y condiciones, se mantiene como se publicó en el DOE número 149 de agosto.
Hasta un 30 % más de edificabilidad en suelo público
La prima permite elevar hasta un 20 % la edificabilidad de una parcela de uso residencial, y hasta un 30 % si el suelo es de titularidad pública, siempre que toda la edificabilidad se destine a viviendas con algún régimen de protección en Extremadura. El incremento se concede con la propia licencia urbanística, sin modificar antes el plan general del municipio, y no cuenta para el límite de número de viviendas que fije el planeamiento.
Para aplicarla, el decreto-ley exige estas condiciones:
- Que la parcela esté en suelo urbano urbanizado o en suelo urbanizable ya transformado y sea apta para edificar.
- En solares vacíos, que todo el edificio sea vivienda protegida, con un máximo del 20 % para otros usos compatibles.
- En parcelas ya edificadas, que como mínimo la superficie añadida se destine a vivienda protegida.
- Que las condiciones de la vivienda protegida se inscriban en el Registro de la Propiedad.
Si la nueva superficie obliga a cambiar otros parámetros del solar, hace falta un estudio de detalle, que no puede añadir más de dos plantas sobre la altura máxima del plan vigente. El ayuntamiento tiene después dos años desde la licencia para adaptar su planeamiento.
Las cargas del promotor y el 5 % para el ayuntamiento
Quien construya con la prima paga las obras para ampliar las redes e infraestructuras públicas que necesite el aumento de edificabilidad, incluso fuera del ámbito de la parcela. Si el estudio de sostenibilidad urbana concluye que la nueva población deja las zonas verdes y dotaciones por debajo del mínimo legal, también cede suelo o paga su valor en metálico.
Además, entrega al ayuntamiento el suelo necesario para materializar el 5 % del aprovechamiento añadido, o su equivalente en dinero, que se liquida durante la tramitación de la licencia.
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Los ayuntamientos pueden, hasta que venzan los seis meses, rechazar la medida en su municipio por acuerdo de pleno, añadir condiciones más restrictivas o limitar las zonas donde se aplica. Un propietario o promotor con una parcela residencial en Extremadura necesita saber qué ha decidido su pleno antes de encargar el proyecto con la superficie extra.
