Los periodos de cinco, diez o quince años de residencia o empadronamiento que la Comunitat Valenciana exige para acceder a una vivienda protegida acabarán ante el Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros acordó este martes, 10 de noviembre de 2026, pedir al presidente del Gobierno que recurra esos preceptos de la Ley 5/2026 de la Generalitat.
La exigencia no recae solo sobre los extranjeros. Un español que se mude a València desde Madrid o Andalucía quedaría fuera hasta reunir los años mínimos en el municipio o en la región. En algunos supuestos el cómputo tiene en cuenta incluso la residencia de los ascendientes. La misma condición alcanza a la renta valenciana de inclusión y a la función social de la vivienda.
Seis de los dieciséis artículos recurridos fijan la prioridad para residentes
De los doscientos artículos que tiene la ley, el recurso ataca dieciséis, repartidos en cinco bloques que detalla la referencia del Consejo de Ministros. Cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado.
En el bloque de la prioridad nacional, que abarca vivienda y prestaciones sociales, se impugnan enteros los artículos 44, 132 y 140, mientras que del 43, el 45 y el 46 se recurren solo algunos apartados. Los otros cuatro bloques tratan de la prohibición de cubrirse el rostro, la educación sobre igualdad LGTBI, los derechos de la infancia y los proyectos de energías renovables.
Igualdad, derecho a la vivienda y ley de extranjería, los motivos del recurso
El Gobierno sostiene que los plazos de padrón vulneran los artículos 14, 9.2, 13.1, 47 y 139 de la Constitución, entre ellos el que reconoce a todos los españoles el derecho a una vivienda digna. También invoca dos competencias exclusivas del Estado del artículo 149.1, la que garantiza la igualdad básica de derechos y la de extranjería.
La impugnación añade que la norma choca con los artículos 13, 14 y 32 de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros. Tampoco encajaría con la Ley 15/2022 de igualdad de trato ni con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A juicio del Ejecutivo, la medida es desproporcionada y provoca una discriminación indirecta que alcanza también a las víctimas de violencia de género. El recurso le reprocha, además, que contradiga el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
La Comisión Europea ya respondió a dos preguntas del Parlamento Europeo sobre la prioridad nacional. Recordó que los residentes de larga duración tienen el mismo trato que los nacionales para acceder a una vivienda, según el artículo 11 de la Directiva 2003/109/CE. El Tribunal de Justicia, añadió, impide exigirles más de los cinco años de residencia que fija esa directiva.
La suspensión puede durar hasta cinco meses antes de que el tribunal la revise
Cuando el Gobierno impugna una ley autonómica y se acoge al artículo 161.2 de la Constitución, la norma recurrida queda suspendida. El Tribunal Constitucional tiene después un plazo máximo de cinco meses para ratificar o levantar esa suspensión. El Ejecutivo la ha pedido para algunos de los dieciséis preceptos, pero la referencia del 10 de noviembre no aclara si entre ellos están los de la prioridad nacional.
El siguiente paso corresponde al presidente del Gobierno, que debe presentar el recurso ante el Constitucional. Si tienes en marcha una solicitud de vivienda protegida en la Comunitat Valenciana, revisa en la convocatoria qué requisito de residencia se te aplica, porque puede cambiar en cuanto el tribunal admita el recurso.
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