El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado este martes, 10 de noviembre de 2026, en el Boletín Oficial del Estado la Orden VAU/1195/2026, de 6 de noviembre, con las bases reguladoras de las ayudas a la construcción industrializada de vivienda. Las ayudas llegarán a 5 millones de euros por empresa y proyecto en la línea más dotada y se repartirán por concurrencia competitiva.
La orden entra en vigor el 11 de noviembre, pero todavía no reparte dinero. Fija las reglas de las futuras convocatorias del PERTE de la Industrialización de la Vivienda, el proyecto estratégico que aprobó el Consejo de Ministros el 6 de mayo de 2025 para que una parte mayor de cada edificio se fabrique en taller y no en el solar. Cada convocatoria concretará el presupuesto, los plazos y la documentación, con un texto completo en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto en el BOE.
Tres líneas con topes de 5 millones, 2 millones y 50.000 euros
La línea 1 financia la innovación en procesos y organización de las fábricas de componentes para viviendas, como la automatización, la robotización o la digitalización de la planificación y la logística. Solo pueden pedirla pymes y microempresas, el máximo es de 5 millones de euros y el proyecto tiene que presupuestar al menos 500.000 euros.
La línea 2 es de investigación y desarrollo. Los proyectos de investigación industrial tienen un tope de un millón de euros y un presupuesto mínimo de 250.000 euros, mientras que los de desarrollo experimental pueden recibir hasta 2 millones si parten de 500.000 euros. La nota del ministerio de este martes solo cita el millón, pero el artículo 9 de la orden recoge los dos límites.
La línea 3 paga la evaluación o validación técnica de un producto industrializado nuevo, con un máximo de 50.000 euros y proyectos desde 35.000 euros, bajo el régimen europeo de ayudas de minimis.
| Línea | Ayuda máxima | Presupuesto mínimo |
|---|---|---|
| 1. Innovación en procesos (solo pymes) | 5.000.000 € | 500.000 € |
| 2. Investigación industrial | 1.000.000 € | 250.000 € |
| 2. Desarrollo experimental | 2.000.000 € | 500.000 € |
| 3. Validación técnica de productos | 50.000 € | 35.000 € |
Solo empresas con dos años fabricando componentes residenciales
Las beneficiarias son sociedades mercantiles constituidas en España que fabriquen, integren, ensamblen o desarrollen componentes y sistemas constructivos para edificios de viviendas, y que acrediten esa actividad durante al menos dos años. No vale la experiencia de los socios ni la de otra empresa del grupo, y hay que tener depositadas en el Registro Mercantil las cuentas de los dos últimos ejercicios.
El anexo señala como especialmente vinculados los códigos CNAE-2025 16.29, 23.68 y 25.14, aunque una empresa con otro código puede entrar si demuestra que el proyecto está ligado a la vivienda industrializada. También pueden pedirlas las agrupaciones con personalidad jurídica propia, siempre que cada socio cumpla los requisitos. Quedan fuera las administraciones, las empresas públicas y el resto del sector público.
La solicitud tiene que llegar antes de firmar el primer pedido
En las líneas 1 y 2 la ayuda exige efecto incentivador, de modo que el proyecto no puede haber empezado antes de presentar la solicitud. La orden considera inicio un contrato, un pedido en firme o la compra de equipos, y deja fuera los estudios previos, las licencias y la petición de presupuestos. Solo cuentan los gastos desde el día siguiente a la solicitud, y cada empresa puede presentar un único proyecto por línea.
Las solicitudes se puntúan de 0 a 100. La viabilidad económica de la empresa aporta hasta 20 puntos, con un mínimo de 8, y la calidad del proyecto hasta 80, con un mínimo de 35. Con empate gana la que se registró antes, y el crédito se reparte de mayor a menor puntuación hasta agotarse.
El pago es un único anticipo por el total concedido, a cambio de una garantía por el mismo importe en la Caja General de Depósitos, que se constituye en 15 días hábiles.
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Cada convocatoria dará como máximo dos meses para pedir la ayuda desde el día siguiente a la publicación de su extracto en el BOE, y el ministerio tendrá seis meses para resolver. Si no responde en ese tiempo, la solicitud se entiende denegada.
