La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) pide que la venta de pisos con alquiler social o asequible en vigor obligue al comprador a respetar el contrato. La organización la ha presentado este lunes, 16 de noviembre de 2026, en su informe Desposesión, que sigue a las familias que perdieron su casa en la crisis hipotecaria y que hoy, ya como inquilinas, ven el mismo piso otra vez en venta.
La organización ha reunido series que suman 950.045 ejecuciones hipotecarias en España entre 2007 y el primer trimestre de 2026. De 2013 a 2025 se practicaron 627.901 lanzamientos, más de 132 al día durante trece años, y a comienzos de 2026 la PAH todavía contaba 45 diarios.
En los juzgados el ritmo ha bajado. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en el segundo trimestre de 2026 hubo 4.474 lanzamientos en España, frente a 6.960 un año antes. Detrás de 1.109 había una ejecución hipotecaria y detrás de 2.774, un alquiler sin pagar. Las ejecuciones hipotecarias nuevas pasaron de 9.640 a 6.886.
Seis fases entre la compra con hipoteca y la venta del piso con la familia dentro
El trabajo, con información recogida hasta el 10 de noviembre, reconstruye lo ocurrido entre 1997 y 2026 en seis etapas: la compra, el impago, la ejecución, el alquiler social, la no renovación del contrato y la venta a terceros con el alquiler todavía vigente. La PAH habla de desposesión porque la familia pierde la propiedad y, con ella, la estabilidad y la capacidad de decidir sobre su casa.
La última etapa es la que da título al informe. En algunos casos documentados por la PAH de Barcelona, ciudad de la que salen buena parte de los estudios que maneja, la propiedad ofreció a los inquilinos quedarse el piso a un precio ligado al mercado actual. Si no pueden pagarlo, la vivienda cambia de dueño con el contrato en vigor y la familia queda a expensas de lo que decida el nuevo propietario.
Deudas, edad y ficheros de morosidad cierran la puerta a recomprar
Muchas de estas familias no están en condiciones de volver a comprar, según el informe. Unas arrastran deudas de la ejecución o embargos, otras aparecen en ficheros de morosidad y bastantes viven de una pensión o con ingresos bajos. A quien firmó la hipoteca con treinta o cuarenta años, la oferta le llega cerca de la jubilación, sin tiempo para devolver un préstamo. Y el precio se fija sobre el valor actual del piso, sin descontar las cuotas pagadas al banco ni las rentas abonadas después.
La Ley 24/2015 frenó hasta el 28,2 % de los desahucios en Cataluña
El porcentaje procede del grupo promotor de la ley catalana y la PAH lo recoge en su informe. La norma nunca alcanzó a la mayoría de los casos, y en octubre de 2024 el Tribunal Constitucional anuló, entre otras disposiciones, la obligación de renovar el alquiler social, que el informe considera su medida más eficaz. Quienes quedan fuera de esa protección son sobre todo mujeres, familias monoparentales y personas de origen migrante.
Entre enero y mayo de 2026 caducó la moratoria antidesahucios vigente desde 2020, y la organización calcula que se reactivaron 70.000 procedimientos. El 6 de octubre el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 29/2026, que alarga hasta el 31 de diciembre de 2030 la suspensión de desahucios de personas vulnerables, con condiciones distintas según quién sea el demandante. Tras la convalidación del Real Decreto-ley 29/2026 por la Diputación Permanente del Congreso, el 12 de noviembre, la norma sigue en vigor.
Cinco medidas, del aval público a un alquiler que no caduque
Las demandas de la PAH se dirigen a quienes perdieron su casa en la crisis hipotecaria y hoy podrían pagar una vivienda, aunque no ahorrar la entrada.
- Un aval público, como el que ya existe para los jóvenes, para quien perdió su vivienda en una ejecución hipotecaria y hoy puede asumir una hipoteca.
- Compra pública con tanteo y retracto, como prevé la Ley 24/2015, y alquiler asequible de por vida para quien ya no puede hipotecarse.
- Propiedad compartida, con la Generalitat como dueña de entre el 50 % y el 60 % de la vivienda durante 40 o 50 años.
- Renovación automática de los alquileres, de forma que no renovar exija una causa justificada o una indemnización.
- Que quien compre un piso con alquiler social o asequible vigente asuma el contrato, y que la Administración tenga preferencia de compra frente a un gran tenedor.
Todo ello son propuestas de la organización, no normas aprobadas. Sobre la venta de pisos con alquiler social, el propio informe recuerda que un contrato en vigor no impide vender, pero sí obliga a revisar qué derechos conserva el inquilino frente al nuevo dueño. Es lo primero que tiene que comprobar quien compre una vivienda alquilada.
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