Cortar la luz a un okupa, o darle de baja el agua o el gas, no es por regla general un delito de coacciones. Así lo dejó escrito el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la sentencia 426/2026, de 24 de junio. Otra cosa es que quien vive en la casa tenga derecho a estar en ella, aunque ese derecho esté en disputa, que es lo que le pasa al inquilino que deja de pagar.
El caso que resolvía la sentencia no era una okupación. El tribunal confirmó nueve meses de prisión a un hombre que cortó la luz de la vivienda familiar para que su esposa se marchara en pleno divorcio, según la nota del Consejo General del Poder Judicial del 13 de julio de 2026. Lo que dice sobre los okupas es un criterio pensado para otros supuestos, no el fallo.
Qué dice el Supremo sobre cortar los suministros a un okupa
Para el Supremo, el dueño que deja de pagar o da de baja los suministros de un inmueble usurpado no debería ser castigado. El Pleno, de 14 magistrados, separa a quien tiene un título de acceso a la vivienda «legítimo, al menos, aparente o en disputa» de quien la ocupa sin derecho alguno para aprovecharse de un bien ajeno.
El recurso llegó al Pleno porque las audiencias provinciales no se ponían de acuerdo. Unas veían delito en dar de baja o dejar de pagar los suministros de un inmueble en disputa y otras no, y esa división le dio interés casacional.
Aun así, el tribunal no quiere una regla automática. Su criterio no se traslada «de manera automática o acrítica» a cualquier corte de suministros, según la nota del CGPJ, y cada caso depende de la situación de quien vive en la casa.
La sentencia nació de un divorcio en Vigo, no de una okupación
El condenado era el titular del contrato de luz de la vivienda familiar. Después de la separación de hecho, su esposa se quedó en la casa y él pagó el recibo durante casi seis meses, hasta que canceló el contrato sin avisar. Ella pasó varios días sin electricidad.
Un juzgado de lo Penal de Vigo lo condenó por coacciones como delito de violencia de género. Además de los nueve meses de prisión, le quitó durante dos años el derecho a tener y llevar armas. También le prohibió acercarse a menos de 300 metros de su esposa, su casa o su trabajo, y comunicarse con ella, durante un año y diez meses. La Audiencia Provincial de Pontevedra confirmó la condena. El Supremo desestimó después el recurso de casación.
Las tres razones del Supremo para no castigar el corte al okupa
La Sala abre tres caminos para no castigar al propietario. El primero tiene que ver con la tipicidad. El artículo 172 del Código Penal exige que el autor actúe «sin estar legítimamente autorizado», un requisito que no cumpliría el dueño que corta los suministros de su inmueble a un usurpador.
El segundo es la no exigibilidad, porque el Supremo no considera razonable obligar al titular de la finca a mantener los servicios en provecho de quien entró de forma ilegítima. Y el tercero, el enriquecimiento injusto, ya que el okupa sumaría a la ocupación ilegal el beneficio de usar gratis la luz, el agua o el gas del propietario.
¿Cuándo puede ser delito cortar la luz o el agua de una vivienda?
Cortar los suministros es coacción cuando sirve para forzar la salida de alguien que tiene derecho a estar en la vivienda. El artículo 172.1 del Código Penal castiga con prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses a quien, sin estar legítimamente autorizado, impide a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le obliga a hacer lo que no quiere. La pena sube a su mitad superior si lo que se busca es impedir el legítimo disfrute de la vivienda.
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En el caso de Vigo, el Supremo equiparó la baja del contrato al corte de cables, «tanto en sus consecuencias como en la ausencia de legitimidad de la acción». Que el contrato estuviera a su nombre no permitía al marido anular un servicio necesario para usar la vivienda común, dice la Sala, y menos sin avisar y para echar a su esposa con el divorcio en los tribunales.
Los nueve meses de prisión encajan en el artículo 172.2, que para la coacción leve a la esposa o expareja prevé prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.
Lo que decide es si quien vive en la casa tiene algún derecho a estar en ella
El corte será o no delito según el título de quien ocupa la vivienda, no según lo que deba al propietario. Un okupa que entra en una casa ajena sin relación alguna con ella queda en el supuesto que el Supremo ve no punible. El inquilino que deja de pagar la renta, en cambio, entró con un contrato, y su derecho sigue en disputa hasta que un juez resuelva el desahucio.
En Roquetas de Mar (Almería), un juez ya ha avisado del mal uso que se está haciendo de la sentencia. Lo recoge una nota del CGPJ del 23 de septiembre de 2026. El titular de la plaza número 5 del Tribunal de Instancia investiga por coacciones al hombre que compró en subasta la casa de una mujer de 88 años, embargada porque no podía pagar la hipoteca. Sin esperar al lanzamiento judicial, y en pleno agosto, el nuevo dueño pidió a las compañías que cortaran la luz y el agua, aunque ella seguía pagando los dos recibos.
El juez ordenó como medida cautelar devolverle los servicios, y el propietario lo hizo a los pocos días. En su resolución recuerda que no es lo mismo quien cambia a la fuerza la cerradura de una casa ajena que un inquilino con un desahucio en marcha o una antigua propietaria a la espera del lanzamiento.
Cada situación tiene su procedimiento. Contra el inquilino que no paga, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé el juicio verbal de desahucio de su artículo 250.1.1.º, y aquí se explica cómo se presenta una demanda de desahucio por impago. Si alguien ha ocupado una vivienda sin consentimiento, el artículo 250.1.4.º permite a la persona física propietaria o poseedora legítima pedir que se le devuelva de inmediato. Por la vía penal, el Código Penal castiga con multa de tres a seis meses la ocupación de un inmueble que no sea morada, en el artículo 245.2. El allanamiento de morada del artículo 202 se paga con prisión de seis meses a dos años.
El voto particular de cuatro de los 14 magistrados
La sentencia no salió por unanimidad. Cuatro de los 14 magistrados del Pleno firmaron un voto particular porque creen que estira el concepto de violencia por encima de lo aceptable y de lo que se podía prever. A su juicio, lo ocurrido en Vigo no es un delito leve de coacciones de violencia de género.
Estos cuatro magistrados quieren un concepto estricto de violencia en las coacciones, aunque eso obligue a corregir la jurisprudencia tradicional del Supremo. Lo ven como el único compatible con la tipicidad y la taxatividad que exige el Derecho penal. Lo ilustran con el teléfono fijo o internet, y se preguntan si darlos de baja tras una ruptura sería también violencia por afectar al derecho fundamental a recibir información y a expresarse.
El fallo no cambia por el voto particular, pero deja claro que cuatro magistrados de la Sala de lo Penal no comparten cómo se entiende ahora la violencia en las coacciones.
Qué comprobar antes de dar de baja un suministro de tu vivienda
Antes de pedir la baja, el propietario tiene que saber qué relación tiene con la casa quien vive en ella. Con un contrato de alquiler de por medio aunque no se pague, o con un procedimiento judicial pendiente, el criterio del Supremo no le ampara. Cortar los suministros puede acabar entonces en una denuncia por coacciones con la pena en su mitad superior por afectar a la vivienda.
Ante una ocupación sin título, la sentencia 426/2026 da al dueño un criterio favorable, pero no una autorización general. Para recuperar la casa sigue haciendo falta la denuncia por usurpación o allanamiento, o la demanda del artículo 250.1.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.










