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Vivienda

El sobreprecio pactado por una VPO se paga, salvo en Andalucía y Cataluña, donde es nulo

El Supremo obliga a una compradora de Huelva a pagar los 90.000 euros pactados por una VPO declarada en 40.000, aunque dos comunidades ya anulan ese exceso

Bloque de viviendas de protección oficial de ladrillo con rejas en Almería
Foto: Eduardo Milla, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Quien compra una VPO con sobreprecio tiene que pagar el precio que pactó, aunque supere el máximo legal y a la Administración se le haya comunicado una cifra más baja. Así lo resolvió la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la sentencia 1918/2025, de 19 de diciembre, que condenó a una compradora de Huelva a abonar 43.911,87 euros a la vendedora. El exceso puede acarrear una sanción administrativa, pero no anula el contrato entre las partes.

La propia sentencia marca el límite de esa regla. El Supremo juzgó con las normas vigentes en 2008, el año de la venta, y dejó escrito que leyes posteriores pueden fijar otras consecuencias. Cataluña y, desde el 24 de enero de 2026, Andalucía declaran nula por ley la cláusula del sobreprecio y dejan la venta en el precio máximo.

Dos contratos con dos precios por una VPO de Huelva

En el origen del pleito hay una vivienda de protección oficial de Huelva cedida en régimen de acceso diferido a la propiedad. Esta figura, regulada en el artículo 132 del reglamento de VPO de 1968, entrega la posesión al comprador y reserva el dominio hasta que paga todo, como una compraventa con reserva de dominio.

El 1 de octubre de 2008, vendedora y compradora firmaron dos documentos el mismo día. En el primero el precio era de 40.000 euros con carta de pago. Con él se liquidó el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y se pidió la autorización de la Junta de Andalucía.

En el segundo, el precio real era de 90.000 euros, con 7.200 entregados en el acto y 82.800 a pagar con una hipoteca cuando la compradora tuviera las escrituras.

La Delegación de Huelva de la Consejería de Vivienda autorizó la cesión el 13 de octubre de 2009, tras comprobar que la compradora cumplía los requisitos de acceso a una vivienda protegida. El 25 de noviembre de ese año la propia delegación le otorgó la escritura de compraventa, y hoy la vivienda figura inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad.

La hipoteca nunca llegó. La compradora fue ingresando durante años cantidades mensuales en una cuenta que le había indicado la vendedora, hasta que en 2017 recibió un burofax que le reclamaba el resto. No contestó, y la demanda pidió 65.934,25 euros o, si no, resolver el contrato y recuperar la casa.

El Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Huelva le dio la razón en parte el 17 de junio de 2019. Condenó a la compradora a pedir el préstamo en un mes y a pagar 40.000 euros, porque no creyó que hubiera entregado en mano esa cantidad como decía el documento.

La Audiencia Provincial de Huelva revocó el fallo el 5 de marzo de 2020. Para la sección segunda, cobrar un precio muy superior al permitido y ocultarlo a la Junta era una causa torpe que, según el artículo 1306 del Código Civil, impide reclamar nada. Como la compradora ya había pagado más de 40.000 euros, la absolvió.

Por qué el Supremo no anula la venta con sobreprecio

La nulidad civil no está prevista en la legislación específica de las VPO, y sin una norma que la imponga el contrato vale entre las partes. El Supremo recupera su sentencia 1348/2007, de 12 de diciembre, que resume una línea de fallos iniciada en 1992: el sobreprecio solo trae sanciones administrativas y la pérdida de beneficios. Tampoco cabe anular solo la parte que excede del máximo y rebajar el precio al tope oficial. La Sala considera que el importe pactado fue el que decidió el acuerdo de voluntades, así que cortarlo cambiaría el contrato que las dos partes quisieron firmar.

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El alquiler de una VPO sigue otra regla. La disposición adicional primera de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 declara nulas las cláusulas que fijan rentas por encima de la máxima, y el Supremo ya la aplicó en su sentencia 337/2009, de 14 de mayo.

La Sala rechaza además que hubiera una simulación absoluta, que exige crear la apariencia de un negocio que en realidad no existe. Las partes querían de verdad ceder los derechos sobre la vivienda, y la Junta autorizó la operación en una resolución firme. Lo que ocultaron fue el precio, y eso no convierte la cesión en ficticia.

Manda el contrato de 90.000 euros. El de 40.000, según la Sala, solo sirvió para encubrir la operación. De ese precio, el Supremo descuenta los 7.200 euros iniciales y los 38.888,13 que la Audiencia dio por ingresados, y la deuda queda en 43.911,87 euros, con intereses desde la sentencia de primera instancia. No obliga a pedir la hipoteca, porque concederla depende de un banco.

La venta sigue valiendo, pero la Junta puede sancionar

La sentencia separa dos planos que la Audiencia de Huelva había mezclado, la validez civil del contrato y la infracción administrativa. En el primero, la vendedora cobra lo pactado. En el segundo, las dos partes quedan expuestas a un expediente, porque sabían que la vivienda era protegida y que el precio superaba el autorizado. Al asumir el caso, el Supremo recuerda que firmaron conscientemente un contrato por encima del precio establecido.

El fallo manda remitir una copia a la delegación que la consejería andaluza de vivienda tiene en Huelva, por si procede sancionar a vendedora y compradora.

La compradora carga además con las costas de su recurso de apelación ante la Audiencia de Huelva y pierde el depósito que constituyó para presentarlo.

A la vendedora, el Supremo le devuelve los depósitos que constituyó para recurrir.

Qué arriesgan el vendedor y el comprador de una VPO

Con esta doctrina, quien compra una vivienda protegida con un precio oculto no puede dejar de pagar alegando que superaba el máximo legal. El vendedor puede reclamar en los tribunales la diferencia que figure en un documento firmado, como hizo la vendedora de Huelva casi nueve años después.

Reclamar tiene un coste, porque el pleito pone la operación a la vista de la Administración y el juez puede remitir la sentencia a la consejería de vivienda. La autorización que la Junta dio en 2009 sobre el precio declarado no impidió que el Supremo pidiera revisar la conducta de las dos partes en 2025.

Andalucía y Cataluña ya dejan la venta en el precio máximo

La sentencia de diciembre vale para contratos regidos por normas que no prevén la nulidad, y varias comunidades ya la contemplan. En Cataluña, el artículo 84 de la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda declara nulas de pleno derecho las cláusulas con precios por encima del máximo.

La venta se entiende hecha al precio máximo, el resto del contrato sigue siendo válido y el comprador puede reclamar lo que pagó de más.

Andalucía aprobó una regla parecida en la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía, en vigor desde el 24 de enero de 2026. Su artículo 58 prohíbe cualquier sobreprecio o prima y considera hecha al precio máximo legal la cláusula que lo supere. La ley se aplica también a las VPO calificadas antes que sigan dentro de su periodo de protección, según su disposición transitoria primera.

Las multas andaluzas van de 3.001 a 25.000 euros si la infracción es grave, como exigir cualquier cantidad no permitida o anunciar la vivienda por encima del máximo. Si lo exigido supera en más de un 40 % el precio máximo de venta, la infracción es muy grave y la multa va de 25.001 a 120.000 euros.

En un ejemplo hipotético, una VPO con un máximo de 100.000 euros vendida por 145.000 lo rebasa en un 45 % y entra en ese tramo.

En la Comunidad Valenciana, el sobreprecio cierra la puerta del Registro. La plaza de garaje protegida de Sant Joan d’Alacant vendida por 24.200 euros, más de lo que permitía su cédula, se quedó sin inscribir. Lo confirmó la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 23 de diciembre de 2025. La dirección general vio en ella una nulidad parcial y pidió aportar el visado de la Generalitat, o la resolución que lo dispense, para poder inscribirla.

Antes de firmar la compra o la venta de una vivienda protegida, conviene pedir a la consejería de vivienda el precio máximo vigente y la autorización o el visado de la transmisión. En Andalucía, una venta sin esa autorización es nula de pleno derecho y no se inscribe, según el artículo 76 de la Ley 5/2025.

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