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Vivienda

Murcia veta 10 años su vivienda asequible a los condenados por okupar una casa

El Decreto-ley 3/2026 fija ingresos de hasta 6,5 veces el IPREM, diez años de protección y nuevas vías para convertir oficinas y bajos en viviendas protegidas

Bloques de pisos con balcones y persianas en una calle de Lorca, Murcia
Foto: Zarateman, Wikimedia Commons (CC0)

Una condena firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda en los últimos diez años impide comprar o alquilar una vivienda asequible en Murcia. Lo establece el artículo 6 del Decreto-ley 3/2026, de 3 de julio, que creó esta nueva clase de vivienda protegida. El veto alcanza también a quien haya sido sancionado en ese plazo por una resolución administrativa firme.

Murcia dobla así el plazo andaluz. La Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía pide un certificado de no haber sido condenado en los cinco años anteriores, y solo en las promociones de vivienda protegida en venta. La norma murciana trata igual a quien compra, a quien alquila y a quien se construye su propia casa.

La exclusión se refiere a la Vivienda Asequible de la Región de Murcia, una figura con reglas propias que convive con la vivienda protegida del Decreto 99/2021. Para justificarla, el decreto-ley recurre a los datos del INE: el precio de la vivienda subió en la región un 15,6 % en el primer trimestre de 2026, frente al 12,9 % de media en España.

El decreto-ley rige desde el 8 de julio de 2026, pero la Asamblea aún puede cambiarlo

El Decreto-ley 3/2026 salió en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del 7 de julio de 2026 y entró en vigor al día siguiente. El Gobierno de Fernando López Miras optó por esa vía porque, según el preámbulo, un proyecto de ley habría llegado tarde ante la falta de vivienda y de suelo.

La Diputación Permanente de la Asamblea Regional lo convalidó el 22 de julio de 2026, como recoge la resolución publicada en el BORM del 25 de julio. En la misma sesión acordó tramitarlo también como proyecto de ley, de modo que el plazo de diez años o el límite de ingresos pueden cambiar todavía en la Asamblea.

El decreto-ley no fija el precio. Lo hará por metro cuadrado construido una orden de la consejería de vivienda, para la venta y para el alquiler, y la cifra se actualizará cada 1 de enero con el IPC. Garajes y trasteros no pueden superar el 60 % del precio del metro de vivienda, las terrazas descubiertas se quedan en el 40 % y las plazas de garaje en superficie, en el 20 %.

¿Quién puede comprar o alquilar una vivienda asequible en Murcia?

Para acceder a una de estas viviendas en primera transmisión hay que cumplir a la vez las cuatro condiciones del artículo 6:

  • Tener unos ingresos ponderados de hasta 6,5 veces el IPREM y de más de una vez el IPREM.
  • Cumplir los requisitos del sistema de acceso que apruebe por orden la consejería competente en vivienda.
  • No ser dueño ni tener un derecho de uso sobre otra vivienda en España, salvo que no sirva por una discapacidad sobrevenida de al menos el 33 %, una catástrofe, violencia familiar o terrorismo, una familia numerosa que necesita más espacio o una separación o divorcio.
  • No arrastrar en los diez años anteriores una condena firme por allanamiento de morada o usurpación ni una sanción administrativa firme.

Allanamiento y usurpación son los dos delitos con los que el Código Penal castiga la okupación, y los mismos que analiza la sentencia del Supremo sobre los suministros de los okupas.

Los requisitos se miden sobre la unidad de convivencia, que el artículo 2 define como el grupo de personas que vive en la casa de forma habitual y estable, tengan o no parentesco.

Cuánto se puede ganar para optar a la vivienda asequible de Murcia

El tope está en 54.600 euros de ingresos ponderados, que equivalen a 6,5 veces un IPREM de 8.400 euros en 14 pagas. El indicador sigue en 600 euros al mes, según las cuantías del IPREM que publica el SEPE para 2026. Para calcular los ingresos se suman la base imponible general y la del ahorro del IRPF del último ejercicio cerrado antes de la firma, y el resultado se multiplica por un coeficiente que depende del tipo de hogar.

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Ingresos máximos en la declaración de la renta para la Vivienda Asequible de la Región de Murcia (Decreto-ley 3/2026 e IPREM de 8.400 euros)
Hogar Coeficiente Ingresos máximos
De 1 a 3 personas 0,75 72.800 €
4 o más personas o familia numerosa 0,70 78.000 €
Con un miembro con discapacidad intelectual o enfermedad mental de al menos el 33 % o física o sensorial de al menos el 65 % 0,60 91.000 €

En un ejemplo hipotético, una pareja sin hijos con 70.000 euros de base imponible se queda en 52.500 euros ponderados, 6,25 veces el IPREM, y puede optar. Una familia de cuatro miembros con 80.000 euros llega a 56.000 euros ponderados, el equivalente a 6,67 veces el IPREM, y se queda fuera por poco.

La vivienda queda protegida diez años y no puede pasar más de tres meses vacía

La protección dura diez años desde la licencia de primera ocupación y pasa a ser permanente si la promoción se levanta sobre suelo reservado a vivienda protegida.

Desde el quinto año, el dueño puede pedir a la consejería que la levante. La consejería solo lo concede si no perjudica a terceros y después de que el propietario devuelva las ayudas y bonificaciones fiscales con sus intereses legales. Las viviendas destinadas a alquiler no tienen esa salida.

Mientras dure la protección, la casa tiene que ser el domicilio habitual del dueño o del inquilino. Hay que entrar a vivir en los seis meses siguientes a la escritura o al contrato, y la vivienda no puede quedarse desocupada más de tres meses seguidos al año sin una causa que autorice la consejería. Para revenderla se necesita una declaración responsable y no superar el precio máximo del año de la venta.

El artículo 16 impone además cláusulas en los contratos. La promotora paga siempre la declaración de obra nueva, la división horizontal y la constitución y división del préstamo hipotecario. En el alquiler, el subarriendo total o parcial es motivo para resolver el contrato.

El proyecto unificado residencial tramita el plan y la urbanización de una sola vez

Con esta figura del artículo 27, planeamiento, gestión urbanística y evaluación ambiental simplificada se resuelven en un único procedimiento. Vale para ámbitos residenciales en suelo urbano no consolidado o urbanizable sectorizado. La contrapartida es que la vivienda protegida se construye antes que la libre y que las viviendas unifamiliares quedan prohibidas.

La edificabilidad global puede crecer hasta un 50 % en los sectores urbanizables y hasta un 30 % en las unidades de actuación en suelo urbano cuando toda la reserva va a vivienda protegida. Si se cumple solo en parte, la prima baja en la misma proporción. Las solicitudes se pueden presentar durante tres años.

Oficinas, bajos comerciales y obras paradas podrán acabar convertidos en viviendas

El artículo 20 permite destinar a vivienda las parcelas de oficinas, de uso sanitario privado y hoteleras sin modificar el plan general. El 21 abre la misma puerta a los locales en planta baja de los edificios de pisos, siempre que no den a un eje comercial ni estén en el casco antiguo.

Los edificios y urbanizaciones que se quedaron a medias podrán terminarse con los parámetros de la licencia original si la mitad de las viviendas, o la mitad de la edificabilidad, se acoge a algún régimen de protección. En solares y edificios residenciales la edificabilidad puede subir hasta un 40 %, y hasta un 50 % en parcelas públicas, si todo se destina a vivienda protegida.

Los trámites ligados al decreto-ley son urgentes y sus plazos ordinarios se reducen a la mitad, salvo los de solicitudes, recursos, concurrencia competitiva, fiscales e información pública. Ninguna vivienda nueva podrá tener menos de 35 m² construidos.

Los ayuntamientos tienen seis meses desde el 8 de julio de 2026 para acordar en pleno que no aplican estas medidas en su municipio o para ponerles condiciones. Las licencias de cambio de uso, obras paradas y primas de edificabilidad solo podrán pedirse, por tanto, a partir de enero de 2027. Quien quiera optar a una vivienda asequible tendrá que esperar también a las órdenes de la consejería que fijarán el precio por metro cuadrado y el sistema de acceso.

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