El aval público por impago del alquiler paga al casero las rentas que no cobra, los daños en la vivienda y los suministros que el inquilino deja a deber. Para acceder hacen falta cuatro requisitos, entre ellos un inquilino menor de 35 años o vulnerable y una renta que no supere el índice estatal de referencia. Lo regula el Real Decreto 1135/2025 del Ministerio de Vivienda, en vigor desde el 14 de diciembre de 2025.
La ayuda se creó con el artículo 76 del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, convalidado por el Congreso en febrero de 2025, pero no pudo aplicarse hasta que el reglamento de diciembre fijó sus condiciones básicas. La gestionan las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, que reciben el dinero del Estado y eligen si la conceden como aval, como seguro o como subvención.
¿Qué requisitos pide el aval público por impago del alquiler?
El artículo 76 del Real Decreto-ley 1/2025 exige al arrendador cuatro condiciones para acceder a la cobertura:
- El inquilino debe tener menos de 35 años o ser una persona vulnerable, tanto cuando firma el contrato como cuando firma el compromiso del aval.
- La renta pactada no puede pasar del índice estatal de referencia del alquiler que publica el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
- Hay que depositar la fianza legal en el organismo de la comunidad autónoma y mantener al día sus actualizaciones.
- Casero e inquilino firman el compromiso relativo al aval con el modelo que apruebe la Administración.
Cada comunidad decide quién cuenta como persona vulnerable, qué límites tiene la ayuda y cómo se pide, según el artículo 6 del real decreto. El artículo 76 da el aval por concedido si las cuatro condiciones se cumplen el día en que se firma el compromiso.
Entran los contratos que estaban en vigor el 30 de enero de 2025 y los firmados después, de modo que un contrato de 2023 todavía vigente en esa fecha también puede acogerse si cumple lo demás.
¿Qué paga el aval público si el inquilino deja de pagar?
El artículo 5 del Real Decreto 1135/2025 garantiza al arrendador cuatro conceptos, desde el primer impago hasta que solicita la cobertura o recupera la vivienda:
- Las rentas impagadas, mes a mes, hasta que la propiedad vuelve a tener la posesión.
- Los daños que el inquilino haya causado en la vivienda por su culpa.
- Los suministros que el inquilino no pagó o que tuvo que asumir el casero, como la luz o el agua.
- Las primas del seguro de impago que haya contratado el propio arrendador.
Cuando la comunidad opta por el aval, es gratuito para el casero, según el artículo 6.2 del real decreto. Si se inclina por un seguro, paga ella todo su coste, y si da una subvención directa, tiene que cubrir la totalidad de lo impagado. El propietario no asume ninguna parte de la deuda en ninguna de las fórmulas.
Pueden cobrar la ayuda las personas o empresas que alquilan la vivienda. También las comunidades autónomas si contratan ellas un seguro de impago como tomadoras y el casero figura como asegurado. Las aseguradoras quedan excluidas, y el arrendador debe estar al corriente con Hacienda y con la Seguridad Social al pedirla y antes de recibirla.
El Estado reserva 304 millones de euros para esta línea, según el preámbulo del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con cargo a los presupuestos de 2026, 2027 y 2028. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana no adelanta fondos a las comunidades. En el último trimestre de cada año les abona los certificados de impagos y daños recibidos entre octubre del año anterior y septiembre del año en curso, y cada seis meses recibe de ellas el detalle de las coberturas concedidas.
Cada ayuda tiene que publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y la línea rige en toda España salvo en el País Vasco y en Navarra.
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¿Cuándo puede el casero reclamar las rentas impagadas?
El casero dispone de seis meses para pedir el cobro desde que recupera la vivienda, según el artículo 76 del Real Decreto-ley 1/2025. La recuperación se acredita con la resolución judicial del lanzamiento o con un acuerdo, judicial o extrajudicial, por el que el inquilino entrega la posesión.
El dinero llega después del procedimiento contra el inquilino, y la cobertura alcanza a todas las mensualidades que vencen hasta la entrega de las llaves. Los pasos hasta el lanzamiento están en la guía de Infobiliaria sobre cómo se presenta una demanda de desahucio por impago.
Un ejemplo hipotético muestra el alcance. Una inquilina de 29 años firma en marzo de 2026 un contrato de 700 euros al mes, por debajo del índice de su municipio, y el casero deposita la fianza y firma con ella el compromiso del aval. Ella deja de pagar y el lanzamiento llega nueve meses después, con 6.300 euros de rentas impagadas. Si además el casero pagó 240 euros de luz y agua que le correspondían a ella y la vivienda tiene 1.500 euros de daños acreditados, la cobertura asciende a 8.040 euros. Podrá pedirlos a su comunidad autónoma durante los seis meses siguientes al lanzamiento.
El índice de referencia, la fianza y el seguro que ya no se puede pedir al inquilino
La renta máxima para entrar en el aval la marca el índice de referencia del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se consulta en su web del índice de alquiler de vivienda. Es el sistema con el que el artículo 17.7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos topa la renta en las zonas tensionadas, según las características del piso y del edificio. Para el aval cuenta en cualquier municipio, esté tensionado o no.
La fianza legal es de una mensualidad de renta en el alquiler de vivienda, según el artículo 36.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Sin su depósito en el organismo autonómico no hay aval, aunque se cumpla todo lo demás.
Desde el 8 de octubre de 2026 el casero tampoco puede obligar al inquilino a contratar un seguro de impago. Lo prohíbe el artículo 36.5 de la LAU con la redacción del Real Decreto-ley 29/2026, convalidado por el Congreso el 12 de noviembre de 2026. La garantía adicional se mantiene en un máximo de dos mensualidades en los contratos de hasta cinco años, o siete si el arrendador es una empresa. Así, el aval público es la cobertura que el casero puede buscar sin cargársela al inquilino.
Por qué las asociaciones de propietarios ven el aval con recelo
La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) defendió en un comunicado del 10 de diciembre de 2025 que el aval reducirá la oferta de alquiler en algunas zonas y añadirá inseguridad jurídica. Recordó también que era la tercera vez que se presentaba la medida.
La primera fue el Real Decreto-ley 1/2025, donde la ayuda se quedó sin aplicar por falta de reglamento. La segunda, el borrador del Plan Estatal de Vivienda, que estuvo en información pública hasta el 7 de octubre de 2025, según el preámbulo del Real Decreto 1135/2025.
Su objeción principal es el tope de renta. Asval considera un error técnico atar el aval al índice estatal, porque ese índice no refleja el precio real del mercado. Cree además poco probable que el propietario de un municipio no tensionado baje su renta solo para optar a una cobertura todavía sin desarrollar.
Como alternativa, la asociación propuso seguros de impago accesibles, colaboración entre administraciones y empresas e incentivos fiscales para los arrendadores. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado el 22 de abril de 2026, recoge en su preámbulo la cobertura de impagos para los contratos con jóvenes.
Antes de firmar con un inquilino menor de 35 años, conviene preguntar en la consejería de vivienda de la comunidad si ya tiene el modelo de compromiso del aval y a quién considera persona vulnerable. Si el piso está en el País Vasco o en Navarra, esta línea estatal no se aplica.










