El Gobierno Vasco ha declarado todo el término de Orio zona de mercado residencial tensionado, una decisión que se ha hecho pública este viernes, 20 de noviembre de 2026. En este pueblo costero de Gipuzkoa, con 6.184 vecinos empadronados, la renta de un piso que vuelva a alquilarse como vivienda habitual quedará atada a la del contrato anterior. Quien tenga cinco o más viviendas en el municipio contará como gran tenedor y tendrá un límite más duro.
Declarar Orio zona tensionada no pone todavía los topes en marcha. Antes, el municipio tiene que figurar en la relación trimestral de zonas tensionadas que aprueba el Ministerio de Vivienda. Hasta entonces, los contratos que se firmen en el pueblo se pactan con las reglas de siempre.
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, firmó la orden el 10 de noviembre, y hoy la publica el boletín vasco con la orden de Orio en su número 223. Orio sigue el camino de Bermeo y de Lekeitio como zona tensionada, publicada ayer. A las dos localidades de la costa vizcaína se les aplicó el mismo umbral de cinco viviendas.
Orio lo pidió el 9 de marzo y el expediente llegó sin alegaciones
La petición del Ayuntamiento de Orio llegó al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana el 9 de marzo de 2026. El Gobierno Vasco abrió el procedimiento con una orden del 6 de julio, notificada al consistorio el día 9 y publicada el 16 de julio en el BOPV y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. Quedaron abiertos 20 días hábiles para alegar y nadie lo hizo en plazo, según recoge la propia orden.
La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, permite declarar una zona tensionada por dos vías, y en Orio el Gobierno Vasco ha recurrido a la de los precios. La memoria justificativa da por acreditado que en los cinco años anteriores el precio de compra o de alquiler subió en el municipio al menos tres puntos más que el IPC acumulado del País Vasco. Con la declaración llega también la obligación de redactar un plan con medidas para corregir ese desajuste y un calendario para aplicarlas.
El próximo inquilino pagará como mucho lo que pagaba el anterior
Cuando el tope entre en vigor, el casero que alquile en Orio una vivienda habitual no podrá pedir más que la última renta cobrada por ese mismo piso en los cinco años previos. A esa cifra solo se le suma la actualización anual que fijara el contrato anterior. Tampoco podrá cargar al nuevo inquilino gastos o cuotas que antes no pagaba. Lo establece el apartado 6 del artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y rige igual para un particular con un piso que para una empresa.
La ley deja subir hasta un 10 % más sobre esa última renta si el propietario acredita alguno de estos casos:
- Rehabilitó la vivienda y la obra terminó en los dos años anteriores al nuevo contrato.
- En esos dos años hizo mejoras que ahorran un 30 % de energía primaria no renovable, con un certificado energético de antes de la obra y otro de después.
- Terminó en ese mismo plazo obras de accesibilidad que puede acreditar.
- Firma el contrato por diez años o más, o da al inquilino una prórroga voluntaria que llega a ese plazo.
Cinco pisos en Orio bastan para quedar ligado al índice de referencia
Para la orden, es gran tenedor en Orio quien tenga cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial en el municipio, sin contar garajes ni trasteros. Con carácter general, la norma estatal sitúa el listón por encima de diez inmuebles. No entran en el cómputo las viviendas de las administraciones, de sus entes instrumentales ni de las sociedades en las que tengan mayoría.
A esos propietarios se les aplica otro techo. La renta de un contrato nuevo no podrá superar el máximo del sistema estatal de índices de precios de referencia, que mira cómo son la vivienda y el edificio. La orden extiende ese límite a cualquier piso de Orio que lleve cinco años sin contrato de alquiler, sea de quien sea. Esa medida solo funcionará si la recoge también la resolución del Ministerio, como prevé el apartado 7 del artículo 17 de la LAU.
Bergara fue el último municipio guipuzcoano en entrar en la lista estatal
La última relación publicada en el BOE, la del tercer trimestre de 2026, salió el 3 de noviembre con tres municipios vascos. Sopela y Urduliz son de Bizkaia, y Bergara, de Gipuzkoa. Orio, con una orden de noviembre, tendrá que esperar a una relación posterior para que sus topes se apliquen, y su declaración durará tres años.
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Contra la orden de Orio cabe recurso de reposición ante el consejero en un mes o contencioso-administrativo en dos, a contar desde el 21 de noviembre de 2026.
El mismo boletín de este viernes incluye otras dos órdenes del departamento, ambas del 10 de noviembre. Una abre el procedimiento para declarar zona tensionada el municipio vizcaíno de Gorliz, y la otra cambia la definición de gran tenedor que se fijó en la declaración de Bilbao.










